28 de Abril 2014, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo
La desregulación legislativa condena la seguridad y la salud de
los trabajadores y la economía de nuestro país
A medida que se prolonga el periodo de crisis económica global,
que arrancó en 2008, se van oyendo más voces indicando que la situación en la
que nos encontramos no es un paréntesis tras el cual volverán a recuperarse los
ritmos de crecimiento y los derechos sociales y laborales volatilizados por los
recortes y las políticas de austeridad. Lo que en un comienzo se presentó como
un momento de excepcionalidad pasajera se ha terminado por desvelar como la
imposición de un nuevo paradigma económico, social y laboral al que la clase
trabajadora y la ciudadanía en general deberán resignarse. Las élites
mundiales, siguiendo un guión previamente redactado por los ideólogos del
neoliberalismo, han aprovechado las condiciones creadas por una crisis
originada por la desregulación del sector financiero para completar la
implantación de un modelo de acumulación por desposesión, mercantilizando
aquellos servicios públicos básicos que garantizaban la protección social y de
los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de décadas. En
definitiva, un modelo que garantiza los beneficios a las élites a costa de la
calidad democrática de nuestras sociedades.
Las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea y la Troika a los Gobiernos europeos, y en especial a los de la periferia del continente, se han transformado en nuestro país en una oleada recortes de servicios públicos básicos, de privatizaciones y en una reforma laboral que ha deteriorado gravemente el derecho a la negociación colectiva en las empresas y está logrando que el modelo precario se configure como hegemónico en la estructura sociolaboral española, desplazando al empleo estable, con derechos y salarios dignos. Lo que se presenta por los tecnócratas de la Troika como un inevitable paquete de medidas para salir de la crisis no es más que la apuesta ideológica del neoliberalismo y la imposición a los países periféricos de Europa de un modelo productivo y de relaciones laborales que desmonta el Estado social, democrático y de derecho, y nos acerca paso a paso a estándares propios de los países en desarrollo.
Pero esta ofensiva no se limita a deteriorar las condiciones de trabajo y a privatizar aquellos servicios públicos rentables. En este preciso momento la salud laboral se ha convertido en uno de los objetivos que está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de los objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es considerado un obstáculo que hay que superar para aumentar la competitividad de la economía europea. Esta argumentación no sólo se sustancia en un descenso de las inversiones en políticas preventivas en las empresas, sino que exige reformas legislativas que rebajen la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
Esta deriva desreguladora dio sus primeros pasos en Europa a mediados de la pasada década, pero aceleró su escalada con la llegada de la crisis económica. Desde 1978, y cada cinco años, la Comisión Europea fijaba metas concretas, precisas y evaluables en Programas de Acción con los que se pretendía armonizar la situación de la salud y la seguridad en el trabajo entre los diferentes países de la UE, estableciendo como objetivo los estándares más elevados de protección. Desde 2002 el instrumento utilizado con este fin ha pasado a denominarse estrategia y, aunque a juicio del movimiento sindical europeo continúa siendo una herramienta imprescindible para lograr el propósito de la armonización, lentamente está sufriendo un desgaste en su concepción. Cada nueva estrategia incorpora más partes descriptivas y desiderativas y menos objetivos concisos y cuantificables.
Desde 2011, la Comisión Europea está ahondado en esta línea planteando sus dudas sobre la necesidad de una Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en un contexto de crisis económica y afirmando que la prioridad debe centrarse en aliviar a las empresas de la carga administrativa de la legislación vigente. El desempleo se utiliza como elemento de chantaje para desplazar a la salud de los objetivos centrales de las políticas comunitarias.
Pero la vuelta de tuerca que finalmente ha ajustado todas estas políticas es la publicación, el 2 de octubre de 2013, por parte de la Comisión Europea del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la normativa: Resultados y próximas etapas). Un documento que bajo el paraguas de conceptos como ¿regulación inteligente¿, ¿simplificación legislativa¿ o ¿reducción de la carga reguladora¿, oculta una de las mayores agresiones conocidas contra la protección social y del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, los derechos de información y consulta y el diálogo social. En materia de prevención de riesgos ha conllevado, entre otras consecuencias, la decisión de no impulsar nueva legislación en materia de salud laboral en lo que resta del mandato de la Comisión, lo que supone paralizar las dos principales iniciativas legislativas comprometidas en la vigente Estrategia Europea, como son la revisión de la Directiva de Cancerígenos y la aprobación de la de Trastornos Musculo esqueléticos, y no trasladar a texto articulado acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social europeo.
Las políticas del Gobierno español, insertas en esta corriente ideológica y cuya máxima expresión es la reforma laboral de 2012, tienen su último hito en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo en la presentación del anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas en diciembre del pasado año. La apuesta del Gobierno es la de configurar a las mutuas como únicas entidades capaces de asumir la gestión de las nuevas prestaciones de la Seguridad Social, y se hace por una supuesta mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos públicos. Afirmación trufada de ideología neoliberal y que se desmonta con sólo leer los informes del Tribunal de Cuentas o con el tremendo subregistro de enfermedades relacionadas con el trabajo que terminan derivándose a los servicios públicos de salud como enfermedades comunes (un descenso acumulado de cerca del 28% de las enfermedades profesionales notificadas desde 2008). La desaparición del concepto ¿prevención¿ del Fondo de Rehabilitación de las Mutuas reduce de manera significativa su competencia preventiva y demuestra el afán mercantilista de la reforma. La vinculación de los recursos públicos generados por las contingencias profesionales a las políticas públicas en materia de prevención han supuesto importantísimas reducciones de siniestralidad que hoy en día corre el peligro de repuntar (ya se vienen apreciando significativas ralentizaciones del descenso de la siniestralidad, tanto en términos absolutos como en índices de incidencia, en todos los sectores cuando no importantes incrementos como el caso del sector servicios).
Pero quizás sea la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, dando capacidad a la mutua para proponer el alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración de silencio administrativo positivo ante la ausencia de resolución expresa del médico del sistema de salud, el elemento que demuestre de manera más palpable el carácter economicista de unas políticas fundamentadas que eliminan el derecho al restablecimiento de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas y que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta pérdida de competitividad debida a unos elevados niveles de absentismo que la realidad nos indica que son similares a los de los países de nuestro entorno.
El 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es la jornada que el movimiento sindical mundial aprovecha para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades producidas por el trabajo y para reclamar la mejora de las condiciones que soportan las trabajadoras y los trabajadores. La Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical Internacional recuerdan cada 28 de abril que con la presencia de sindicatos en la empresa el trabajo es más seguro, y en esta línea la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no podemos dejar de denunciar en 2014 unas políticas que de no corregirse tendrán unas devastadoras consecuencias en términos de salud laboral y pública, que están contribuyendo a profundizar las desigualdades y que condenan a nuestro país a un modelo productivo incapacitado para generar un empleo digno y de calidad.
Por este motivo, CCOO y UGT reclamamos al Gobierno de España:
¿ La retirada de aquellos elementos lesivos para los trabajadores del texto de proyecto de reforma de la Ley de Mutuas, en la línea del dictamen aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social.
¿ Una mejora en la normativa de enfermedades profesionales que, con el objetivo de reducir su subregistro, facilite los procesos de reconocimiento y actualice su listado de acuerdo a las últimas investigaciones científicas.
¿ La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020 incluyendo objetivos precisos de reducción de la siniestralidad, afloramiento de enfermedades producidas por el trabajo y de equivalencia de la protección independientemente del tipo de relación laboral.
¿ Mantenimiento de las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.
Somos conscientes de que ninguno de estos objetivos, enfrentados a los intereses de las élites, podrá alcanzarse sin el concurso activo de una mayoría social. Por ello, CCOO y UGT hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a participar en todas las convocatorias sindicales y sociales que se desarrollarán en los próximos meses, empezando por el 1º de Mayo.
Las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea y la Troika a los Gobiernos europeos, y en especial a los de la periferia del continente, se han transformado en nuestro país en una oleada recortes de servicios públicos básicos, de privatizaciones y en una reforma laboral que ha deteriorado gravemente el derecho a la negociación colectiva en las empresas y está logrando que el modelo precario se configure como hegemónico en la estructura sociolaboral española, desplazando al empleo estable, con derechos y salarios dignos. Lo que se presenta por los tecnócratas de la Troika como un inevitable paquete de medidas para salir de la crisis no es más que la apuesta ideológica del neoliberalismo y la imposición a los países periféricos de Europa de un modelo productivo y de relaciones laborales que desmonta el Estado social, democrático y de derecho, y nos acerca paso a paso a estándares propios de los países en desarrollo.
Pero esta ofensiva no se limita a deteriorar las condiciones de trabajo y a privatizar aquellos servicios públicos rentables. En este preciso momento la salud laboral se ha convertido en uno de los objetivos que está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de los objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es considerado un obstáculo que hay que superar para aumentar la competitividad de la economía europea. Esta argumentación no sólo se sustancia en un descenso de las inversiones en políticas preventivas en las empresas, sino que exige reformas legislativas que rebajen la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
Esta deriva desreguladora dio sus primeros pasos en Europa a mediados de la pasada década, pero aceleró su escalada con la llegada de la crisis económica. Desde 1978, y cada cinco años, la Comisión Europea fijaba metas concretas, precisas y evaluables en Programas de Acción con los que se pretendía armonizar la situación de la salud y la seguridad en el trabajo entre los diferentes países de la UE, estableciendo como objetivo los estándares más elevados de protección. Desde 2002 el instrumento utilizado con este fin ha pasado a denominarse estrategia y, aunque a juicio del movimiento sindical europeo continúa siendo una herramienta imprescindible para lograr el propósito de la armonización, lentamente está sufriendo un desgaste en su concepción. Cada nueva estrategia incorpora más partes descriptivas y desiderativas y menos objetivos concisos y cuantificables.
Desde 2011, la Comisión Europea está ahondado en esta línea planteando sus dudas sobre la necesidad de una Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en un contexto de crisis económica y afirmando que la prioridad debe centrarse en aliviar a las empresas de la carga administrativa de la legislación vigente. El desempleo se utiliza como elemento de chantaje para desplazar a la salud de los objetivos centrales de las políticas comunitarias.
Pero la vuelta de tuerca que finalmente ha ajustado todas estas políticas es la publicación, el 2 de octubre de 2013, por parte de la Comisión Europea del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la normativa: Resultados y próximas etapas). Un documento que bajo el paraguas de conceptos como ¿regulación inteligente¿, ¿simplificación legislativa¿ o ¿reducción de la carga reguladora¿, oculta una de las mayores agresiones conocidas contra la protección social y del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, los derechos de información y consulta y el diálogo social. En materia de prevención de riesgos ha conllevado, entre otras consecuencias, la decisión de no impulsar nueva legislación en materia de salud laboral en lo que resta del mandato de la Comisión, lo que supone paralizar las dos principales iniciativas legislativas comprometidas en la vigente Estrategia Europea, como son la revisión de la Directiva de Cancerígenos y la aprobación de la de Trastornos Musculo esqueléticos, y no trasladar a texto articulado acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social europeo.
Las políticas del Gobierno español, insertas en esta corriente ideológica y cuya máxima expresión es la reforma laboral de 2012, tienen su último hito en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo en la presentación del anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas en diciembre del pasado año. La apuesta del Gobierno es la de configurar a las mutuas como únicas entidades capaces de asumir la gestión de las nuevas prestaciones de la Seguridad Social, y se hace por una supuesta mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos públicos. Afirmación trufada de ideología neoliberal y que se desmonta con sólo leer los informes del Tribunal de Cuentas o con el tremendo subregistro de enfermedades relacionadas con el trabajo que terminan derivándose a los servicios públicos de salud como enfermedades comunes (un descenso acumulado de cerca del 28% de las enfermedades profesionales notificadas desde 2008). La desaparición del concepto ¿prevención¿ del Fondo de Rehabilitación de las Mutuas reduce de manera significativa su competencia preventiva y demuestra el afán mercantilista de la reforma. La vinculación de los recursos públicos generados por las contingencias profesionales a las políticas públicas en materia de prevención han supuesto importantísimas reducciones de siniestralidad que hoy en día corre el peligro de repuntar (ya se vienen apreciando significativas ralentizaciones del descenso de la siniestralidad, tanto en términos absolutos como en índices de incidencia, en todos los sectores cuando no importantes incrementos como el caso del sector servicios).
Pero quizás sea la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, dando capacidad a la mutua para proponer el alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración de silencio administrativo positivo ante la ausencia de resolución expresa del médico del sistema de salud, el elemento que demuestre de manera más palpable el carácter economicista de unas políticas fundamentadas que eliminan el derecho al restablecimiento de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas y que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta pérdida de competitividad debida a unos elevados niveles de absentismo que la realidad nos indica que son similares a los de los países de nuestro entorno.
El 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es la jornada que el movimiento sindical mundial aprovecha para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades producidas por el trabajo y para reclamar la mejora de las condiciones que soportan las trabajadoras y los trabajadores. La Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical Internacional recuerdan cada 28 de abril que con la presencia de sindicatos en la empresa el trabajo es más seguro, y en esta línea la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no podemos dejar de denunciar en 2014 unas políticas que de no corregirse tendrán unas devastadoras consecuencias en términos de salud laboral y pública, que están contribuyendo a profundizar las desigualdades y que condenan a nuestro país a un modelo productivo incapacitado para generar un empleo digno y de calidad.
Por este motivo, CCOO y UGT reclamamos al Gobierno de España:
¿ La retirada de aquellos elementos lesivos para los trabajadores del texto de proyecto de reforma de la Ley de Mutuas, en la línea del dictamen aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social.
¿ Una mejora en la normativa de enfermedades profesionales que, con el objetivo de reducir su subregistro, facilite los procesos de reconocimiento y actualice su listado de acuerdo a las últimas investigaciones científicas.
¿ La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020 incluyendo objetivos precisos de reducción de la siniestralidad, afloramiento de enfermedades producidas por el trabajo y de equivalencia de la protección independientemente del tipo de relación laboral.
¿ Mantenimiento de las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.
Somos conscientes de que ninguno de estos objetivos, enfrentados a los intereses de las élites, podrá alcanzarse sin el concurso activo de una mayoría social. Por ello, CCOO y UGT hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a participar en todas las convocatorias sindicales y sociales que se desarrollarán en los próximos meses, empezando por el 1º de Mayo.
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